Por Edilberto Afanador Sastre. Sociólogo.
El primer acto de
corrupción se constituyó en el mismo instante en que los españoles declararon
esta tierra como propiedad de su rey. Fue una apropiación ilegal y hasta hoy,
sigue siendo cometida. El segundo, fue la apropiaron de todos los recursos
naturales que esta tierra brindaba de manera abundante. El tercero, fue la
apropiación de la fuera de trabajo indígena y luego, la esclavización de
cientos de miles de Africanos traídos a la fuerza de su tierra.
El cuarto,
también se hizo presente desde los tiempos de la conquista y la colonia. Para
la mayoría de los españoles recién llegados, la manera de alcanzar el rápido
ascenso social y económico era el nombramiento en algún modesto cargo público,
lo cual le permitiría el acceso a las oportunidades de la corrupción. Esta, en
sus múltiples modalidades, caracterizó desde un principio la administración
colonial española, al mismo tiempo que fue acompañada por la denuncia de la
corrupción. (Caballero, 2016).
Ya en los tiempos de la Independencia, el 12
de enero de 1824, desde Lima -Perú el
Libertador Simón Bolívar, se vio ante la necesidad de decretar la pena de muerte contra los hechos de corrupción,
según reza en documento de la Sociedad Bolivariana de Venezuela: “Artículo 1.-
Todo funcionario público, a quien se le convenciere en juicio sumario de haber
malversado o tomado para sí de los fondos públicos de 10 pesos arriba, queda sujeto
a la pena capital”. (Decretos del Libertador.
Publicaciones de la Sociedad Bolivariana de Venezuela, Tomo I (1813-1825), pagina.
283. Imprenta Nacional, Caracas, 1961).
Cabe recordar que los funcionarios
públicos en los tiempos de la Independencia, que eran muy pocos, en general
pertenecían a la clase de los criollos, herederos de las familias españolas que
habían llevado a cabo la Conquista y la Colonia. Hombres ricos, dueños de
tierras, ahora al frente de los destinos de la naciente república. Es decir, de
la clase que había heredado la tierra que los españoles se habían robado, los
recursos naturales, los esclavos y también los cargo públicos.
Sin embargo, los vicios
de la corrupción sobrevivieron a la era bolivariana y se perpetuaron a lo largo
de la consolidación republicana durante todo el siglo XIX. Según
Blanco y Téllez , “la corrupción fue uno de los grandes problemas de la
República Neogranadina: el contrabando, la evasión de impuestos, el
clientelismo y la falsificación de la moneda, forman parte de una larga lista
que se vio favorecida por la actitud pasiva de los funcionarios, y por la
omisión y el desconocimiento o el exceso de los servidores estatales”. (2016,
p.165). Para 1832, cuando el General Francisco de Paula Santander fue electo
presidente, el despilfarro y las defraudaciones “habían convertido a Colombia
en una nación insolvente” (Blanco y Téllez, 2016, p. 167 -Citando a Víctor Paz
Otero (2009).
El artículo 478 del Código Penal de 1837,
en el capítulo 1 del título “De los delitos y culpas contra la hacienda
nacional”, definió las conductas que admitían reproche penal, como las que
correspondían al “extravío, malversación y mala administración de los caudales
y efectos de la hacienda nacional”. (Blanco y Téllez, 2016, p.168). A pesar de
fijarse tipos penales para los servidores públicos, esta normatividad llegó muy
tardíamente, “cuando ya las conductas atípicas y antijurídicas formaban parte
de las prácticas culturales del conglomerado social”. (Blanco y Téllez, 2016,
p.169).
El tipo de amenaza que afectó el sistema administrativo en la
República de la Nueva Granada (1832-1840), se orientó en dos direcciones, una,
relativa a las irregularidades que se presentaron en cuanto al manejo en sí de
los bienes y rentas del Estado, otra, la que acompañó las formas de control
sobre el manejo de la administración, es decir, una excesiva organización
burocrática al servicio de políticos lugareños, especialmente, quienes
coactuaron a favor de ciertos grupos, generalmente familiares con intereses
particulares, a través de acciones, omisiones, o desviaciones, tanto en el
ámbito de decisiones como en el de presupuestos. (Blanco y Téllez, 2016,
p.170).
Las guerras
civiles ocurridas en Colombia a lo largo de todo el siglo XIX, tuvieron como
trasfondo, elementos políticos, sociales y económicos, pero también, la
corrupción. La guerras civiles de ese siglo (de
las Guerras de Independencia a la Guerra de los Mil Días) configuran un “fenómeno histórico secular que manifiesta
(ante todo) la inestabilidad endémica del Estado” (Ortíz, Vasquez, s.f. p. 1).
Prácticamente todas las guerras civiles fueron promovidas por diversas
facciones de miembros de las élites locales, a favor o en contra de los
intereses de otras élites. Fueron guerras promovidas por terratenientes,
militares, políticos incrustados en el Estado y familias del poder.
La corrupción siguió ganando
terreno a lo largo de todo el siglo XX. Una de las consecuencias de la
manutención de ese estado de cosas fue la pérdida de Panamá en los primeros
años del siglo XX. El proyecto separatista, utilizó de medios como la
especulación financiera y los sobornos tanto en los Estados Unidos, en Francia
como en Colombia, especialmente en el Istmo de Panamá. Esta, podríamos afirmar,
es la operación de corrupción más importante del siglo XIX histórico en el
Estado colombiano (Ortiz Vásquez, Luis C. s.f.,
p.8).
Con el
"affaire" Panamá, fueron sobornados no pocos funcionarios oficiales,
con la dolorosa pérdida de ese territorio patrio. En la dictadura de Rafael
Reyes, se manifestó a través de concesiones y contratos a los validos del
régimen. En los años veinte vino la "danza de los millones", en buena
parte con la indemnización de los Estados Unidos por Panamá, precio de la
reconciliación. Eran los atisbos de un capitalismo endeble y dependiente. En
torno a las compañías petroleras se tejió desde entonces la más intrincada red
de intereses. Ya en 1905 Reyes había entregado los terrenos petrolíferos de
Barrancabermeja a Roberto Mares, su ahijado de matrimonio. (Villar
Borda, Luis, 1999).
Colombia,
políticamente, desde el siglo XIX y durante todo el siglo XX, ha sido un
régimen bipartidista. Los partidos liberal y conservador se han dividido el
poder, encarnando dos élites con tendencias ideológicas contrapuestas, en
general una de terratenientes regionales y otra de aristócratas urbanos. Ese
régimen bipartidista ha venido acompañado de todo tipo de corrupción y es la
causa de algunos de los episodios de violencia más cruentos del siglo XX: El
asesinato de Jorge Eliecer Gaitán, el Bogotazo, y todo el periodo de La
violencia que va de finales de los años 40s hasta la instauración del llamado
Frente Nacional en 1958. La manutención del poder mediante la aniquilación de la oposición ha sido práctica común de la política en Colombia. Al de Gaitán se suman los nombres de candidatos a la presidencia tales como Pardo Leal (asesinado en 1987), Galán (asesinado en 1989), Pizarro (asesinado 1990), Jaramillo Ossa (asesinado en 1990).
El clientelismo, es la modalidad de corrupción bipartidista
que estableció el intercambio
extraoficial de favores, en el cual
los titulares de cargos políticos regulan la concesión de prestaciones,
obtenidas a través de su función pública o de contactos relacionados con ella,
a cambio de apoyo electoral, se ha mantenido incólume desde esa época hasta el
presente.
Villegas
(1998) entendía para ese momento que el foco principal del problema se situaba
en la contratación estatal. Entre las estrategias implementadas se contemplaban
elementos de carácter normativo, políticas públicas y acciones de diversas
instancias del Estado, entre ellas, el Gobierno Central, la Fiscalía General de
la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la
República. Estrategias que involucraban tanto a las instituciones, a los
funcionarios públicos, a los contratistas y, por supuesto a los ciudadanos.
En el contexto del final del siglo XX, la corrupción ya era
entendida como el principal reto del Estado “razón por la cual se dirigen
esfuerzos sostenidos para combatirla mediante la prevención, la realización de
reformas estructurales en entidades públicas buscando su transformación para
modernizarlas, la consagración de políticas reales de estímulos y de incentivos
para los honestos y el castigo a los corruptos” (Villegas, 1998, p. 2).
Las décadas de los años 80s y 90s vieron
crecer de manera descomunal el fenómeno del narcotráfico y su capacidad para
permear todas las instituciones públicas, los partidos políticos y también,
parte de la economía privada, configurando lo que se denominó el fenómeno de la
narco-política y la narco-economía. Paralelamente, otro fenómeno de corrupción
que se generalizó en la misma época, fue el paramilitarismo y la llamada
Parapolítica. Estos dos fenómenos, la narco-política, la narco-economía y la
para-política fueron el correlato de la corrupción en el paso del siglo XX al
XXI en Colombia.
Las
diferentes administraciones de ese periodo se preocuparon por crear estrategias
de luchar contra la corrupción: la de César Gaviria Trujillo (Misión para la
Moralización y Eficiencia de la Administración Pública), Ernesto Samper Pizano
(Consejería Presidencial para la Administración Pública, Andrés Pastrana Arango
(Programa Presidencial de Lucha contra la Corrupción) y Álvaro Uribe Vélez
(endurecimiento castigos, incentivos veeduría ciudadana). (Zuleta, 2015). Sin
embargo, sin excepción todos esos presidentes y sus ministros y políticos de
apoyo en el Congreso fueron sacudidos por escándalos de corrupción.
Este
análisis de Ortiz Vásquez, permite definir la naturaleza de la Corrupción en
Colombia:
O sea, que el fenómeno social
de la corrupción tiene como sujetos históricos a personas de diferentes
condiciones de nacionalidad y ciudadanía. No se puede considerar como un
fenómeno natural de ciertos grupos humanos o sociedades aun cuando ella aparezca
en contextos espaciotemporales específicos como manifestaciones de mayor
repercusión social. En ella participan personas de diferentes condiciones
sociales, pero los grandes beneficiarios siempre son los miembros de las élites
dominantes económica y políticamente. (Ortiz
Vásquez, Luis C. s.f., p.9).
La
historia nos lleva a una conclusión simple. La corrupción en Colombia tiene su
origen en el dominio de clase: la corrupción es perpetrada sistemáticamente por
las élites económicas y políticas de país como una forma de ejercicio del
poder. Las clases medias y populares también practican actos de corrupción,
pero su impacto es más localizado y puntual.
Durante
las primeras décadas del siglo XXI, organismos nacionales e internacionales
como Transparencia Internacional han establecido métodos y procesos
consistentes de medición y evaluación de la corrupción, permitiendo
comparaciones a nivel mundial. A pesar de que el repertorio de normas,
políticas públicas y acciones del estado ha sido y es uno de los más abundantes
y complejos, las calificaciones internacionales de Colombia en los rankings de
corrupción son altamente preocupantes. La percepción sobre la corrupción en el
país se ha venido evaluando en los últimos 15 años. Uno de los indicadores de
la situación es el Índice de Percepción de Corrupción España (IPC), de la
agencia para la Transparencia Internacional. El informe califica de 0 a 100 la percepción
sobre corrupción en el país y en ese estudio, Colombia tiene entre el año 2002
y el 2016 un promedio de 3.21 puntos, muy por debajo del promedio regional que
es de 4.5 puntos.
Un
breve análisis de los datos, revela que los esfuerzos
hechos durante el periodo han sido infructuosos. Aunque el número de países
aumenta entre 100 y 180 en el periodo, este solo altera la posición del país en
la tabla de posiciones entre la 57 y la 90. Sin embargo, el puntaje que el país
logra en cada año permanece relativamente estable. El menor puntaje lo logró en
el año 20011, con 34 puntos y el mayor puntaje en el año 2005, con 40 puntos. En
el periodo no se evidencian variaciones importantes que demuestren que el
Índice de Percepción de la Corrupción se redujera, ni durante el gobierno de
Uribe, ni en lo que va corrido del gobierno Santos, y se demuestra que las
estrategias de lucha contra la corrupción en dos gobiernos no han mejorado la
percepción sobre la corrupción en el sector público.
Se
puede decir que todos los gobiernos del país desde la promulgación de la
Constitución de 1991 han dejado tras de sí escándalos de corrupción. (Ver Tabla
2.).
Tabla 2:
Escándalos asociados a los periodos de gobierno 1990 -2017.
Periodo
|
Gobierno
|
Escándalos
asociados
|
Estrategias
anticorrupción
|
1990-1994
|
Cesar A Gaviria
Trujillo
|
Manejo de
Colfuturo
Fuga de Pablo
Escobar
Vinculación de
familiares en corrupción caso Inurbe. Se
presentaron hechos de corrupción en electrificadoras como El Guavio y
TermoRío donde el conocido narcotraficante Pablo Escobar tenía varias
operaciones.
|
Constitución
de 1991.
Misión
para la Moralización. La modernización del Estado. Régimen disciplinario para
servidores del Estado.
|
1994-1998
|
Ernesto Samper
Pizano
|
Proceso 8000 por
dinero del narcotráfico (cartel de Cali) en la campaña presidencial.
Relaciones
generalizadas entre el narcotráfico y la clase política. Pérdida de
legitimidad, credibilidad y de gobernabilidad.
|
Lucha contra los
carteles de la droga. Aprehendido en Cali
Gilberto Rodríguez Orejuela.
|
1998-2002
|
Andrés Pastrana
Arango
|
Caso
del Banco del Pacífico, entidad que fue intervenida el 20 de mayo de 1999, se
acusa a algunos ex funcionarios de la administración Pastrana. El Banco
Andino fue intervenido el 20 de mayo de 1999.
Irregularidades a la Corporación Autónoma Regional del Canal del
Dique. Caso Chambacú.Inurbe. Parapolítica. ONG Human Rights Watch acusa
impunidad de actuar de los paramilitares. Aumento generalizado de la
corrupción durante su gobierno. Manutención del tradicional clientelismo
bipartidista.
|
Intento fallido
de referéndum para disolver el poder legislativo como paso indispensable para
llevar a buen puerto sus planes de saneamiento de la política nacional.
|
2002-2006
2006-2010
|
Álvaro Uribe
Vélez
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Pistas de aterrizaje para narcotráfico, Defraudación
a la Dian, Invercolsa, Agro
Ingreso Seguro y Desfalco de la salud,
escandalo SaludCoop, las 'chuzadas' del DAS , Carimagua, Caso Santoyo, Convivir
(cooperativas de vigilancia), falsos positivos,
Yidispolítica, clientelismo, Odebrecht, Terrorismo de Estado, Parapolítica,
compra de votos para aprobación de la reelección. Mayor número de funcionarios
vinculados a procesos de corrupción. Según la Procuraduría General de la
Nación, (Alejandro Ordóñez), “la corrupción ha desbordado la
institucionalidad” y que “de los 37 mil funcionarios que están siendo
investigados por la Procuraduría, el 70% es por motivos de corrupción”.
Vinculación de sus dos hijos en diversos casos de corrupción.
|
Plan de gobierno
incluía medidas anticorrupción y transparencia. Gestión por resultados, un
nuevo sistema de compras y adquisiciones públicas, el mejoramiento de control
interno, la simplificación de trámites, el Gobierno en línea y selección de
servidores públicos por meritocracia. Referendo contra la corrupción y la
politiquería. (Perdió en la votación). Programa Presidencial de Lucha contra
la Corrupción. Fortalecimiento de la normatividad en la contratación Pública.
Sistema de contratación por meritocracia.
|
2010-2014
2014-
|
Juan Manuel
Santos
|
La
Corte Constitucional es sacudida por un supuesto soborno que involucra al
magistrado Jorge Pretelt.
Caso
Inerbolsa. Caso Reficar. Sospecha de corrupción en venta de ISAGEN.
El
Congreso aumenta inescrupulosamente su salario.
La
Fiscalía anuncia que es posible que dinero de Odebrecht hayan entrado a la
campaña presidencial de Santos.
Se
estima en 1 billón de pesos por semana la capacidad de la corrupción para
asaltar al Estado. Estas cifras y casos, dadas las cuantías que involucran,
demuestran el aumento del fenómeno.
56%
de esas entidades de control del orden departamental se encuentran en nivel
alto y muy alto.
Impunidad
como regla. Máximo algunos casos juzgados y muchos reciben casa por cárcel.
Financiación
de las dos campañas electorales por la firma Odebrecht.
|
Ante
los escándalos en la Rama Judicial, propuso: corregir y mejorar la
administración de la Justicia Reforma al Equilibrio de Poderes. Tribunal de
Aforados. Sistema de gestión
judicial. Creación de la Dirección de la Magistratura.
Declaración
por un Estado Abierto 2017.
|
Fuente: Elaboración propia.
El conjunto de las informaciones
conseguidas muestra que, por la magnitud de los casos de corrupción, esta se
trata, no de las pequeñas y cotidianas prácticas corruptas que millares de
funcionarios y ciudadanos realizan. Si, de grandes estrategias lo
suficientemente estructuradas e informadas como para capturar el grueso de los
recursos del Estado en todos sus niveles. Colombia está frente a un fenómeno de
macro-corrupción histórica practicada por agentes que dominan el panorama de la
política y los mecanismos de contratación del Estado. A esos actores y sus
prácticas, la estrategia de enfrentamiento con la cual cuenta el estado no
alcanza a impactar de manera contundente. Por lo tanto, la impunidad se impone
como regla general.
La
corrupción como fenómeno parece presentar dos vertientes: una que se concentra
en las élites políticas y económicas y se da entre miembros del alto gobierno y
el Congreso y entre empresas contratistas de grandes obras. Otra que se expresa
en la corrupción de base, y se da entre funcionarios de bajo escalón y
ciudadanos usuarios de servicios del Estado y entre pequeños contratistas. Mientras
que la corrupción de élite es concentrada, limitada a círculos sociales muy
específicos y de altísimo impacto, la corrupción de base es difusa y amplia,
pero de bajo impacto.
La
persistencia de la corrupción se explica gracias al sistema clientelista que
impera en los procesos electorales, a través de los cuales, es elegida la misma
clase social que ha gobernado el país a lo largo de los últimos dos siglos.
Así,
la corrupción en Colombia configura un circuito vicioso que comienza en el
sistema electoral vigente que coopta el proceso electoral, mediante la
financiación de campañas que canalizan la mayoría de los votos a favor de la
manutención de una clase política que usa el gobierno como una forma de
ejercicio del poder que se apropia de los recursos públicos y corrompe los
mecanismos de control y vigilancia, debilita la participación ciudadana y se
consolida a través de la impunidad. Buena parte de los recursos desviados, son
usados para financiar las siguientes campañas políticas, empleando los tradicionales
mecanismos del clientelismo para, una vez más, volver a elegirse y reiniciar un
nuevo ciclo de delitos e impunidad. Este círculo vicioso es dinamizado,
particularmente, por la corrupción de elite.
Su última y más clara expresión es el cinismo. Al punto de ser el grupo de políticos más corruptos de Colombia, ser quienes llaman a marchar contra la corrupción. El cinismo político supone que los ciudadanos son estúpidos. ¿Lo son?
Fuentes
Bibliográficas
Transparency
International. (2002-2016). Índice de percepción de la Corrupción (IPC).
Recuperado entre el 12 de febrero y el 14 de febrero de 2017, de: http://transparenciacolombia.org.co/
Pino, C. Alejandro. (2017, febrero, 09). La
genealogía de la corrupción en Colombia. Publímetro. Recuperado el 27 de
febrero de 2017, de:
https://www.publimetro.co/co/columnas/2017/02/09/genealogia-corrupcion-colombia.html
Revéiz,
Édgar. (2016). La transgresión moral de la élites y el sometimiento de los
estados. Cooptación o democracia. Academia Colombiana de Ciencias Económicas:
Bogotá.
Transparencia
Internacional España. (2016). Índice de percepción de la Corrupción (IPC).
Recuperado el 10 de febrero de 2017 de: http://transparencia.org.es/indice-de-percepcion-de-la-corrupcion/
Villar Borda, Luis. (1999). Corrupción: una
constante histórica. Revista Credencial Historia del banco de la
República. N° 119. Recuperado el 13 de febrero de 2017, de: http://www.banrepcultural.org/node/32862
Puede parecer absurdo, pero el hecho es que Uribe, Pastrana, Ordoñez, Francisco Santos, y lod demás líderes de la marcha del 1 de abril de 2017, han hecho cuestión de mostrar su beneplácito por la adhesión de John Jairo Velásquez Vásquez, conocido como Popeye. Él fue durante años "el sicario más cercano al narcotraficante Pablo Escobar" (El Espectador, 2017, MARZO, 30). Popeye, quien ya pagó cárcel por sus delitos, publicó un su cuenta de Twiter, en donde tiene 23.300 seguidores, su invitación para asistir a la marcha contra la corrupción que los opositores del Gobierno convocaron para el 1 de abril de 2017.
